Un mes después de haber recibido un paquete bomba falso, el juez Joaquín Aguirre, que investiga los vínculos de Carles Puigdemont y de su entorno político con el régimen de Putin sigue sin protección policial. Ni desde el Ministerio del Interior ni desde los Mossos D'Esquadra se ha activado dispositivo alguno para blindar la seguridad de uno de los magistrados, el titular de instrucción número 1 de Barcelona, más señalados por el independentismo radical.
El pasado 18 de abril, el juez recibió un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez que está llevando la instrucción de causas judiciales muy sensibles para el independentismo catalán.
La principal es Voloh, en la que investiga los posibles vínculos de Carles Puigdemont y su núcleo político con Rusia, para intentar el reconocimiento ruso de la independencia de Cataluña en 2017, lo que podría derivar en un delito de alta traición; y el caso Negreira, sobre la presunta trama de corrupción arbitral de la que se habría favorecido el Fútbol Club Barcelona durante años.
Tras recibir este envío considerado como una clara amenaza, desde el juzgado se puso en contacto con el Consejo General del Poder Judicial para tramitar la petición de protección para el instructor.
Entendía el amenazado que, una vez que está investigando a Puigdemont y su entorno, no debería ser la policía catalana la que estuviera en el cordón de su seguridad. Según interpretan fuentes policiales, la investigación del caso Voloh está muy centrada en el movimiento independentista en Cataluña y el riesgo de filtraciones si los Mossos se encargaran de la seguridad podía ser alto.
Por este motivo, el juez pidió protección y que ésta fuera ejecutada por miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Desde el Ministerio del Interior se trasladó al gobierno de los jueces que la seguridad del entorno judicial en Cataluña correspondía a los Mossos.
Juntas de seguridad
Así las cosas, ni desde el Ministerio del Interior ni desde los Mossos se han dado más pasos para blindar al juez Aguirre. Los especialistas de seguridad consultados por este periódico explican que para este tipo de situaciones están las juntas de seguridad, donde se reúnen altos mandos de los cuerpos policiales nacionales y autonómicos para sortear episodios de descoordinación.
Además, apuntan, que en el Ministerio del Interior, el Gabinete de Coordinación y Estudios es de donde partió la decisión de que la seguridad del instructor quedara en manos de los Mossos.
En este contexto, en el que tanto el juez Aguirre como el juez del Supremo, Manuel García-Castellón, son señalados por el independentismo y acusados de querer torpedear la aplicación de la amnistía, el envío de este paquete bomba simulado ha causado gran preocupación en el ámbito judicial, ya que supone una escalada en el clima de acoso y persecución que algunos jueces están sufriendo en Cataluña desde el inicio del proceso independentista.
Fuentes policiales y judiciales censuran la actitud del Ministerio del Interior de remitir a la Generalitat la seguridad al juez. "Puede afectar gravemente a la instrucción de algunos de los casos que tiene entre manos este magistrado", apuntan. Aguirre está al frente del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desde 1988. Es el magistrado más veterano de Cataluña.
El principal caso que tiene ahora encima de la mesa y por el que ha sido señalado por el independentismo es Voloh, la mencionada investigación sobre la trama rusa del procés. A finales de enero y en vísperas de la primera aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, el juez Aguirre prorrogó la instrucción en una resolución en la que implicó al ex dirigente de CDC, Víctor Terradellas, y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ambos estrechos colaboradores del ex presidente fugado en Waterloo.
El juez estrechó el cerco sobre los contactos de Rusia con Puigdemont y decidió alargar la investigación "dada la extraordinaria complejidad de la causa y la abundante documentación por revisar". Una investigación que le ha valido el señalamiento de parte del independentismo, con Junts a la cabeza. La propia líder neoconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, le mencionó con nombre y apellidos en cuatro ocasiones en el debate de la Ley de Amnistía en la Cámara Baja tres días después. En concreto, Nogueras cargó contra el magistrado, que instruye la presunta trama rusa vinculada al 1-O, por "pasearse por las televisiones europeas prevaricando", y también metió en el saco a Manuel Marchena, presidente de la sala Tribunal del Supremo que juzgó el 1-O. En su intervención, acusó al PSOE de no atreverse a romper con "el franquismo", que vinculó a la judicatura.
En concreto, desde el seno independentista presentan a Aguirre como un representante de la "derecha judicial" y del "lawfare", el término con el que los secesionistas sugieren que hay una guerra sucia en los tribunales contra ellos.
El titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene abierta desde octubre de 2020 la investigación en relación a los supuestos contactos rusos con el entorno independentista en el marco de la investigación por el desvío de fondos públicos para impulsar el 1-O y la DUI.
El núcleo de las indagaciones se concentra alrededor de los contactos que mantuvo el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo de colaboradores con intermediarios vinculados al Kremlin antes del referéndum ilegal del 1-O, durante ese mes de octubre de 2017 e incluso después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
'Caso Negreira'
Otra de las carpetas que tiene encima de la mesa es el caso Negreira. En estos momentos el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Aguirre citó a José María Enríquez Negreira hace justo un mes y el ex vicepresidente de los árbitros se ha negado a declarar ante el juez sobre los pagos millonarios que recibió del Barcelona durante casi dos décadas.
Aguirre acordó a finales de marzo ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.
